¿TODOS A LA CARCEL?

De vez en cuando, entre tanta mala noticia política o económica a la que desgraciadamente nos estamos acostumbrando a recibir, aparece alguna que renueva las esperanzas del ciudadano de a pie. Y no se trata de que fluya en crédito o que baje el precio de la gasolina, no. Se trata de una noticia que nos afecta mucho más profundamente de lo que pensamos, y no de manera coyuntural. Me estoy refiriendo al anuncio de la propuesta del ministro Montoro para perseguir judicialmente a aquellos cargos públicos que hayan dilapidado los recursos de los que eran responsables en el curso de su gestión.

Por desgracia, este país está acostumbrado a que nuestro servidores públicos salgan de rositas una vez terminado su mandato, pese a haber desarrollado una labor catastrófica. Y no me refiero a aspectos subjetivos, en los que cada uno puede opinar a favor o en contra. Me refiero a los casos flagrantes en los que el dinero público – el dinero que proviene de los impuestos que cada uno de los ciudadanos pagamos para contribuir al bien común- ha sido dilapidado en absurdas mamarrachadas, en un tren de vida estilo monarquía petrolífera, en subvenciones o prebendas a familiares, amigotes y “amiguitas” o directamente, y lo que es peor, ha terminado por engrosar el patrimonio personal de estos padres conscriptos de alma perdularia.

Lamentablemente, en muchos aspectos la transición política no vino acompañada de la transición ideológica, y para muchas personas ostentar un cargo público significa tener derecho de pernada y disponer a capricho de los bienes de los que son meros gestores.

Esta situación ha dado pie a un despilfarro desmedido, a una cultura perversa de lo que significa lo público y a un desencanto hacia la política cada vez más patente entre los ciudadanos, sobre todo ahora, en momentos de crisis.

Con ello no pretendo acusar a la mayoría de cargos electos, que me consta trabajan por el bien común intentando gestionar de la mejor manera posible el dinero del que son responsables. Pero existe esa minoría que supone un baldón para el resto y es culpable del desapego de los ciudadanos hacia sus representantes.

Una propuesta como la presentada por el ministro Montoro debería ser aplaudida por toda la sociedad, pero sobre todo por todos aquellos políticos y cargos públicos que gestionan de manera honrada y eficiente. Por eso resulta difícil de entender las voces en contra de esta propuesta que se han levantado. Curiosamente muchas de ellas son las mismas que aplaudían a rabiar la toma de medidas contra directivos de empresas privadas que hubiesen sido responsable de la mala gestión de las mismas. ¿Acaso no es más grave el supuesto de una mala gestión de fondos públicos que de fondos privados? ¿Un directivo de una compañía puede ser acusado, juzgado y condenado y un gestor político puede evadir ese proceso? Lo lamento, pero en mi opinión, por muy grave que sea la actuación de los directivos de una empresa privada, la mala gestión del dinero público resulta mucho más reprobable, pues su fuente es el esfuerzo común de toda la sociedad. Y si en lo privado los culpables merecen castigo, en lo público con mayor motivo.

Quizás habría que bucear en la historia  -asignatura que, por otro lado, nuestros políticos se han encargado de arrinconar y casi eliminar de los planes de estudio de nuestros jóvenes- para recordar que en la antigua Atenas –cuna de la Democracia- los dirigentes de la ciudad eran juzgados, una vez finalizado su mandato, por un tribunal popular ante el cual debían rendir cuentas de sus acciones y su gestión. El mal desempeño de sus labores podía ser penado con la confiscación de bienes, el destierro e incluso la muerte.

Naturalmente, yo no pido que ningún cargo público de nuestro país sea desterrado o condenado a la pena capital, pero sí que deba rendir cuentas de sus actos, una vez terminado su mandato. No se trata de ciencia ficción, tenemos muy cercano el caso del Primer Ministro de Islandia, condenado por su mala gestión de los intereses del país ante la crisis económica y financiera que se ha abatido sobre la economía mundial.

Pienso que medidas como esta ayudarían a alcanzar la excelencia en la gestión de lo público, eliminarían la tentación del mal uso por parte de esa minoría de personas que buscan en un cargo electo la oportunidad para el beneficio propio o el de sus allegados y servirían para que los ciudadanos recuperásemos la confianza en el sistema y en sus representantes.

Dejaríamos de percibir a la clase política como una casta aparte, alejada de nuestros intereses. Los veríamos como unos ciudadanos atados a las mismas leyes que el resto.

¿Entonces por qué ese miedo? Es necesario un cambio. Debemos dejar atrás esa etapa en que gobernar y gestionar suponían utilizar el dinero de todos con fines partidistas, sectarios y personales. Los ciudadanos debemos exigir una gestión responsable, y los políticos deben asumir su condición de servidores del bien común. Sólo así, remando todos en la misma dirección, seremos capaces de confiar en el sistema que nos hemos dado y lograremos mantener los derechos y libertades por las que todos hemos apostado.

Los tiempo de creerse los dueños del cortijo han terminado. Pensar que la vida pública es la madre de la vida padre, se acabó. Los cargos públicos honrados, la inmensa mayoría, a trabajar codo con codo con los ciudadanos. Los golfos, a la cárcel.